Impresionante DEJACIÓN de la ALCALDÍA en terrenos RÚSTICOS PROTEGIDOS... (Redondela)

-Vivienda unifamiliar prefabricada de madera sobre estructura-

A veces se  buscan los  más  inusitados  vericuetos o triquiñuelas  a la aplicación  de las leyes  incluso, personajes que,  supuestamente  deberían dominar -por su profesión en la abogacía-, las legislaciones sectoriales... Y  este  es uno de  esos casos  en los que, los  propietarios  de  un terreno no edificable,

buscan su "encaje" como sea y al precio que sea... pero  que  finalmente caen con  todo  el "tinglado". Engaño, que hasta ahora se había  logrado gracias a  la  inoperancia  e  inacción  de  la  Alcaldía y su servicio de vigilancia e inspección urbanística. ¡¡Vaya  buenos  profesionales  al   servicio  de   la administración   pública!!.  Y  sino,  observen   las formas  y   estrategia  a   seguir  por  una  de  esas mentes "iluminada".  Vaya   por delante  que   nos  encontramos ante una infracción muy grave, consistente en   la  construcción   sin  licencia  municipal  y  previa   autorización  autonómica,    de   una "vivienda unifamiliar  prefabricada  de madera  sobre una planta  de semisótano  de construcción  tradicional y

piscina" compuesta  de  DOS  PLANTAS (planta de semisótano y planta baja), destinadas a ubicar la sede

-Planta de semisótano que soporta la vivienda prefabricada-

y  depósito de las artes  de  la vela (taboas, velas, botavaras e restantes   aparellos  e   materiales propios da actividade), presentada en calidad de presidente del "CLUB DE VELA SAN SIMÓN", y  en   la   que  se  definía  como   una   instalación consistente  en  una   "construcción   de   madera desmontable  sobre una  base de hormigón"... y nada se decía de la piscina construida.

Dicha edificación se  encuentra  sita  en el Camiño

do Rabiño 2, en  el lugar de Monte da Telleira, en la  parroquia  de  San  Pedro  de  Cesantes, en  el término municipal de Redondela (Pontevedra) y se encuentra    ubicado    dentro   de    la   zona    de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre; en  terrenos  calificados y  clasificados  como "suelo no urbanizable de protección de cotas y playas"  (artículo 63.b)  de  las Normas  subsidiarias  de  planeamiento  de   Redondela -aprobadas definitivamente el 09.02.88 y  m. p. de 25.03.2008-, siéndole de aplicación la Ley 22/1988, de  28 de julio,

-Ficha catastral donde se cita uso residencial y año de construcción 2001-

de Costas y la Ley 1/1997, de  24  de marzo,  del suelo de Galicia, sin que, por  aplicación de esta, se tenga en cuenta la  limitación  de  los  plazos  de prescripción -hoy por aplicación de la  LOUG  15 años, desde la terminación de  las  obras-, aún así estaríamos dentro del plazo señalado en el artículo 218 de la LOUG, puesto que consta que las obras fueron  rematadas  en  el año 2001 y  su uso  es   el  Residencial  -totalmente   prohibido-;  al concurrir el  mismo problema aplicando  la Ley de Costas, en la que está inmersa esa infracción.

-Ubicación en el vigente planeamiento de Redondela-

En  cambio,  el  Ayuntamiento de  Redondela, con sus  autoridades  y  funcionarios  responsables  del área  de  urbanismo, han  estado  viendo para otro lado, a  pesar  de  la existencia  de  un  expediente de reposición  de  la legalidad  urbanística  "Expte: 20/92", siendo notificado incluso al promotor de la infractor  en  fecha  10.08.1992  (RS 2463),  pero dejándolo  en el olvidado  en el "cajón"  municipal, lo que dio pié  a que se  hiciese  ese "cambalache", construyéndose un vivienda unifamiliar con  piscina incluida en primerísima línea de playa y costa. 

-Parcelario catastral superpuesto al PNOA-

Pero  es   que   incluso,  el   Ministerio  de   Obras Públicas  y  Transportes  -Dirección  General  de Costas-,   Servicio  de   Costas   de  Pontevedra, 
envía  escrito al  mismo  Ayuntamiento, solicitando información   a  cerca   de  una   obra  ilegal  en  la Telleira y  en el  que  se cita además  que el  hecho fuera  denunciado  por  ese  Servicio  Provincial el 22.07.1992, y que por no encontrarse  en  la zona de   servidumbre    tránsito,   fue    remitida   a    la Secretaría  General  Técnica  de  la Consellería de Ordenación del territorio  y  Obras Públicas de  la Xunta de Galicia para su tramitación y  resolución, donde  al   parecer  ha  estado  durmiendo  en   el "baúl de los recuerdos" hasta  que,  consultado  el expediente   en   el  Ayuntamiento   y  realizada  la correspondiente    investigación,   se   presentó  el 30.06.2014    denuncia     ante    la   Axencia    de  Protección da Legalidade Urbanística (APLU),  cuya  Directora debe asumir esas competencias  al tratarse de  terrenos rústicos  protegidos, además de estar emplazadas esas actividades en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Es obvio que por todas estas dejaciones e inacciones, ¡así tenemos nuestras costas!...   

La APLU obliga al DERRIBO de la NAVE INDUSTRIAL... (Redondela)

-Nave industrial semiconstruida sin licencia y autorización autonómica-

Esta nave industrial parcialmente construida, situada en el lugar de Castiñeira, en la parroquia de S. Martiño de Ventosela, del término municipal de Redondela (Pontevedra), la cual fue iniciada su construcción careciendo de la previa autorización autonómica y la preceptiva licencia municipal; ubicada en terrenos calificados y clasificados como "suelo no urbanizable de protección de montes y paisaje" (artículo 61) de las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de Redondela - aprobadas definitivamente el 06.11.87 y M.P. del 25.03.2008-, sin adaptar, y hoy denominados por la LOUG, como "suelo rústico de protección agropecuaria, forestal y paisajístico". Siendo denunciada y posteriormente paralizada en sus comienzos, mediante notificación al promotor  en fecha  05.07.2010, por  infracción urbanística "Expte: 05/07/2010", obviando  hacer  caso  al 

-Conjunto de nave y muros en una zona paisajística-

requerimiento, por lo que siguieron colocando parte del cierre de fachadas con piedra y rematado de la cubierta (estructura y planchas metálicas), y cubrición parcial de las fachadas con las mismas mismas planchas metálicas,  con lo cual le sirvió, y le sirve actualmente, para hacer uso de esas instalaciones.

Finalmente paralizada tal como se encuentra en las fotografías adjuntas... es decir, se espero -y le esperaron claro los responsables de inspección urbanística municipales-, para decir que está paralizada, cuando su estado sirviese para hacer uso de esa instalación ilegal, y sin que la Alcaldía de Redondela, haciendo caso omiso a las denuncias presentadas -curiosos informes, recursos rechazados, etc, etc, hubo que soportar-, hubiese aplicado lo preceptuado en el artículo 214.2 de la LOUG, relativo a la paralización inmediata de toda actividad, incluso aplicando el consabido precinto de esas instalaciones. 

-El uso de la nave es obvia-

De eso, nada de nada. El único acto llevado a cabo, fue dar traslado de la denuncia a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), sin haber adoptado previamente esas medidas cautelares necesarias para obligar a la paralización decretada y prohibir toda actividad de uso de las instalaciones. Como si con ello, ya hubiesen cumplido, cuando su obligación es llevar el control de que no exista ni actividad constructiva ni de uso. Casos que se han seguido haciendo, y se siguen, ante la inoperancia de la inspección.

En consecuencia, y por propuesta de resolución emitida por el Servicio Provincial de Inspección Urbanística II, incoa el expediente de reposición de la legalidad urbanística "Expte: IU2/61/2013", lo que da lugar a que por su Directora se RESUELVA: "Primero.- Declarar que las obras de construcción de una nave en las parcelas 516 y 521 del polígono 18, con referencias catastrales 36045A018005160000WJ y 36045A018005210000WS, en el lugar de Castiñeira, parroquia de San Martiño de Ventosela, en el término municipal de Redondela, provincia de Pontevedra, no siendo legalizables, por ser incompatibles con el ordenamiento urbanístico.

-Situación según Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes-

Segundo.- Ordenar a D. Miguel Ángel Barros Couñago a la demolición de las obras sitas en el párrafo primero anterior y a la reposición de los terrenos afectados su estado anterior al inicio de las obras a costa del interesado, así como al cese definitivo de los usos a los que diesen lugar.

La orden de demolición deberá ser ejecutada en el plazo de tres meses a contar desde la notificación de esta resolución, dando cuenta a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

Tercero.- Apercibir al obligado de que  no caso de incumplimiento de la orden de demolición en el plazo señalado se procederá a su ejecución subsidiaria o a su ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas, reiterables periódicamente hasta lograr la ejecución por el sujeto obligado, en cuantía de 1.000 a  10.000 euros cada una, conforme a lo dispuesto por el artículo 209.6 de la LOUG.

-Sobreposición del parcelario catastral con PNOA-

Cuarto.- Notificar a los interesados esta resolución, indicándoles que pone fin a la vía administrativa y contra ella pueden interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, ante la directora da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística,  o si non ejercitan el derecho a presentar recurso potestativo de reposición podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado del contencioso-administrativo en cuya circunscripción radique el inmueble afectado, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1, regla tercera de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Santiago de Compostela, 24 de febrero de 2014. La directora de  la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Dña. María Martínez Allegue).

Así pues, pasados ya casi cinco meses, estamos pendientes de observar por parte de la Alcaldía, la adopción de alguna de aquellas medidas cautelares señaladas en el artículo 209.2 de la LOUG, para garantizar la total interrupción de toda actividad y uso de esa edificación, en espera de la reposición de legalidad urbanística que debe acometer la APLU, y así se le ha recordado en la pasado fecha del 14.06.2014... Y cuando, a lo observado en el expediente administrativo consultado en el departamento de urbanismo municipal, no existía requerimiento alguno por parte de la Alcaldía, para prohibir todo uso en esa nave industrial por parte del sujeto obligado. 

Supuestamente, algo tendrá que ver, ser un colaborador de actividades en ese Ayuntamiento para seguir haciendo lo que quiere. 

Los "BOMBEROS URBANÍSTICOS", no se salieron con lo PRETENDIDO...

Como era de esperar el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia 82/2014, de 28 de mayo de 2014 (BOE nº 153, de 24 de junio pasado, declaró nula la disposición adicional sexta -"derecho a la vivienda y necesaria asunción por la Administración de sus responsabilidades económicas con carácter previo a la demolición e impedimento de usos"-, de la Ley del Parlamento de Galicia 8/2012, de 29 de junio, de "vivienda de Galicia", en su apartado 2, en consonancia con el apartado 1, por el que se pretendía que, los titulares de las viviendas construidas al amparo de un titulo anulado tenían derecho a residir en el inmueble mientras no se determinase por la administración competente, a través del correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial, el alcance de la indemnización a que, en su caso, tuviesen derecho.

En estos supuestos sería aplicable lo dispuesto en la legislación urbanística para las actuaciones de reposición de la legalidad urbanística en los casos de obras rematadas sin licencia y lo previsto en el presente artículo para garantizar la necesaria asunción por la Administración de sus responsabilidades económicas con carácter previo a la demolición.

Es decir, se pretendía amparar las actuaciones ilegales -otorgar erróneamente licencias- cometidas por las Administraciones Públicas, en detrimento de las cometidas por los ciudadanos -construir sin amparo de licencia-, diferenciando una vez más las "castas políticas" de la de los "paria". 

El mentado apartado 2, ahora anulado, prescribía: "A estos efectos -lo pretendido en el apartado 1, antes explicitado inocuo él-, el acto administrativo o sentencia firme que determine la anulación del título y conlleve la reposición dela legalidad urbanística y la demolición de lo construido, por no ser legalizables por su incompatibilidad con el ordenamiento urbanístico, llevará consigo, como efecto legal  necesario, la apertura de oficio del procedimiento de responsabilidad patrimonial"...

Pues bien. La interferencia constitucionalmente ilegítima que produce la disposición cuestionada, se refiere única y exclusivamente a la demolición de viviendas acordada en la fase de ejecución de sentencia firme, no cuando la disposición regula únicamente el procedimiento a seguir cuando la anulación del título que conlleve la reposición de la legalidad urbanística y la demolición de lo construido se produzca mediante acto administrativo firme, en el que no se vean comprometidos ni el ejercicio de la potestad jurisudccional (art. 117.3 CE) ni la competencia reservada al estado en materia de legislación procesal ex art. 149.1.6 CE. 

La idea era obviamente, llevar adelante una "amnistía" encubierta, para aquellas edificaciones, a las que las Administraciones Públicas hubiesen otorgado licencias y que los juzgados hubiese anulado. Es decir, descargar de responsabilidades a los autores de tales otorgamientos... hasta que hubiese consignación presupuestaria para abonar la correspondiente indemnización. Cosa que iría para largo, porque -y así ya se había referido algún alcalde-, ya se encargarían de retrasar los trámites "sine díe", ante las penurias que están atravesando los Ayuntamientos...

Y ahora, se ha tenido que PRECINTAR el "BARBARELA", por carecer de licencia... (Vigo)

-Club de alterne BARBARELA, en S. Andrés de Comesaña-

La vigilancia brilla por su ausencia, a pesar de que nuestro ínclito Alcalde pregone a todos los "vientos", de la "hermosa ciudad que vivimos" y que se vigila para que las ilegalidades urbanísticas no fructifiquen... Pues va ser que no. Porque una vez más, y eso que no se busca, nos topamos con otra "joya" de se dejación e inacción de nuestra alcaldía -es el presidente de la Gerencia de Urbanismo-, en este caso, en una de las actuaciones más sonrojante de esa inactividad municipal.

El pasado 14.06.2014, se presentó denuncia frente al Ayuntamiento, autoridades, funcionarios y personal al servicio de ese Ayuntamiento de Vigo, como responsables de la dejación de funciones continuada, permitiendo la apertura de nuevas instalaciones en el anterior "Restaurante Rocinante" instalado en la planta baja y comedor ampliado y como vivienda en la planta primera, sito en la Carretera de

-Las galerías eran terrazas, hoy aseos-

Camposancos 1, en la parroquia de S. Andrés de Comesaña del término municipal de Vigo (Pontevedra) pasando a ser, primero como "Club Deluxe" -al parecer café-bar sin música, pero donde la música era a viva voz y además publicitada-, y que ahora, hace pocos meses, se había reconvertido en "BARBARELA", supuestamente acogiéndose a la anterior licencia... pero cuyos usos y actividades nada tenían que ver con ese café-bar. Curiosamente nunca había "despertado" sospechas de nuestros munícipes. Y así, sin ninguna licencia municipal, se embarcaron en una reforma integral de esa edificación, a base de demoler y reconstruir su interior, empezando por la planta baja, cuyo antiguo comedor del restaurante (apéndice construido adosado a la edificación principal y al lindero posterior), se convirtió en seis habitaciones individuales con aseo, y un reservado, el resto de la planta baja se dedicó a recepción de clientes, café-bar, ahora con música, servicios y cocina... 

-Precintado portalón vehículos-

La planta primera, se remodeló para otras seis habitaciones con "mini aseo" (instalado incluso en las antiguas terrazas existentes)...

-Precintado de la cancela de entrada-

Y como parecía poco se adaptaron en el bajo cubierta, dos habitaciones más, sin que tengan ventilación al exterior. Es decir, incumpliendo las ordenanzas y normas del hábitat gallego". Y ello son contar con la preceptiva licencia municipal de actividad y obras.  Siendo  la actividad  actual, la de Café-bar  sin música (actividad 

anteriormente concedida), la de "club de alterne con música", incluyendo residencia habitacional de sus "empleadas" en el mismo recinto, actividades no contempladas en ese tipo de suelo industrial.

¿Es posible que ni la publicidad de su inauguración era suficiente para detectar esa ilegalidad?. ¿Quién o quienes, se han estado dedicando a mirar para otro lado, en ese tipo de negocios?. Porque no es de recibo, que precisamente ahora, se hayan adoptado las medidas oportunas de paralización inmediata e incluso se hayan tenido que adoptar medidas de paralización de las actividades precintando esas instalaciones, hecho acaecido el 02.07.2014, por la Policía Local, a requerimiento de la Gerencia de Urbanismo, ante lo que era el incumplimiento de paralización por parte del promotor del negocio, a raíz de una denuncia de un particular. ¿Es esa la vigilancia y el perseguimiento de las ilegalidades en el término municipal de Vigo, que pregona el alcalde?.