Los "BOMBEROS URBANÍSTICOS", no se salieron con lo PRETENDIDO...

Como era de esperar el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia 82/2014, de 28 de mayo de 2014 (BOE nº 153, de 24 de junio pasado, declaró nula la disposición adicional sexta -"derecho a la vivienda y necesaria asunción por la Administración de sus responsabilidades económicas con carácter previo a la demolición e impedimento de usos"-, de la Ley del Parlamento de Galicia 8/2012, de 29 de junio, de "vivienda de Galicia", en su apartado 2, en consonancia con el apartado 1, por el que se pretendía que, los titulares de las viviendas construidas al amparo de un titulo anulado tenían derecho a residir en el inmueble mientras no se determinase por la administración competente, a través del correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial, el alcance de la indemnización a que, en su caso, tuviesen derecho.

En estos supuestos sería aplicable lo dispuesto en la legislación urbanística para las actuaciones de reposición de la legalidad urbanística en los casos de obras rematadas sin licencia y lo previsto en el presente artículo para garantizar la necesaria asunción por la Administración de sus responsabilidades económicas con carácter previo a la demolición.

Es decir, se pretendía amparar las actuaciones ilegales -otorgar erróneamente licencias- cometidas por las Administraciones Públicas, en detrimento de las cometidas por los ciudadanos -construir sin amparo de licencia-, diferenciando una vez más las "castas políticas" de la de los "paria". 

El mentado apartado 2, ahora anulado, prescribía: "A estos efectos -lo pretendido en el apartado 1, antes explicitado inocuo él-, el acto administrativo o sentencia firme que determine la anulación del título y conlleve la reposición dela legalidad urbanística y la demolición de lo construido, por no ser legalizables por su incompatibilidad con el ordenamiento urbanístico, llevará consigo, como efecto legal  necesario, la apertura de oficio del procedimiento de responsabilidad patrimonial"...

Pues bien. La interferencia constitucionalmente ilegítima que produce la disposición cuestionada, se refiere única y exclusivamente a la demolición de viviendas acordada en la fase de ejecución de sentencia firme, no cuando la disposición regula únicamente el procedimiento a seguir cuando la anulación del título que conlleve la reposición de la legalidad urbanística y la demolición de lo construido se produzca mediante acto administrativo firme, en el que no se vean comprometidos ni el ejercicio de la potestad jurisudccional (art. 117.3 CE) ni la competencia reservada al estado en materia de legislación procesal ex art. 149.1.6 CE. 

La idea era obviamente, llevar adelante una "amnistía" encubierta, para aquellas edificaciones, a las que las Administraciones Públicas hubiesen otorgado licencias y que los juzgados hubiese anulado. Es decir, descargar de responsabilidades a los autores de tales otorgamientos... hasta que hubiese consignación presupuestaria para abonar la correspondiente indemnización. Cosa que iría para largo, porque -y así ya se había referido algún alcalde-, ya se encargarían de retrasar los trámites "sine díe", ante las penurias que están atravesando los Ayuntamientos...