Y ante noticias como la que se reproduce, no queda mas remedio de tachar al Sr. Alcalde de verdadero demagogo, ante los "débiles", sin embargo se retrae y se lo piensa ante los llamados "poderosos". Y así podemos constatar como, recientemente hemos podido leer en los diarios, una frase para enmarcar: "cumplimos exhaustivamente todas las sentencias". La espetó el ínclito Sr. Alcalde, y se quedó tan pancho, con motivo del problema suscitado por la orden judicial dictada de imponerle una multa personalmente, si no adoptaba las medidas necesarfias, para el cumplimiento de la sentencia... de devolución de lo cobrado de más, por Aqualia (antes Seragua), a los ciudadanos vigueses.
Y posiblemente así sea -siempre y cuando no se encuentre el Ayuntamiento implicado, claro-, pero le faltó rematar esa frase, añadiéndole al final... "contra las pequeñas e insignificantes obras". Lo referente a las grandes construcciones urbanísticas, es otra historia.
Porque es obvio, a la vista está, que se atreve -como demostración de esa aureola de poder que le circunda siempre-, con casos como las viviendas de Sampaio, o la nave de Punta Lagoa; y ahora, esa demolición parcial de una vivienda en Canido, una nave recientemente construída en Freixeiro y un galpón en Beade. Todos ellos, desde luego en una situación ilegal, y que, por cierto, no se ha pretendido "legalizar" como se pretende, y se ha pretendido con otras edificaciones de mayor porte. Y que al Sr. Alcalde, le vale para "justificarse" de que actúa siempre con la legislación vigente... cuando eso es mentira .
Y sino, habría que preguntarse, que ocurre con esas macro urbanizaciones y edificaciones, tales como, La Colina de Castrelos, Finca do Conde (edificios), Centro comercial Gran Vía, Torres Ifer, Rosalía Castro, Aparhoteles Samil, Chalets Canido, Jacinto Benavente (edificio y centro comercial), Urbanización La Pastora, Urbanización Sensat, Florida 125, etc, etc. Se podría seguir con un verdadero "rosario" de ilegalidades que existen en el urbanismo vigués, pendientes de llevar a cabo las demoliciones decretadas por los Juzgados.
Y que en algún caso -para aclarar como actúa este Ayuntamiento de Vigo-, podemos mencionar Florida 125, la cual se "legaliza", a pesar de existir una sentencia firme y en fase de ejecución, concediéndole una nueva licencia... otorgada por silencio administrativo. Este hecho, no es que sea una infracción administrativa, sino que es de juzgado de guardia. ¡Vaya machada!.
O como en el caso de Jacinto Benavente -"legalizada" a bombo y platillo, porque según los técnicos municipales, se ajusta al nuevo PGOU/08-, a pesar de que la sala les señale la falta de acomodo en el Plan General, tal como ellos pretenden. ¿Es esto, Sr. Alcalde, "cumplir exhaustivamente las sentencias"?... Yo diría mas bien, "pretender pasar olímpicamente de los jueces". En una palabra, reirse de las sentencias y de quien las dicta.
Pero para ponerlo en su sitio -parece que le han oído- la Sala de lo Contencioso, Sección 5 de Madrid, viene a dictar Sentencia del recurso 4089/2007, con respecto a la aprobación de Estudio de Detalle de la U.E. III-05 Pastora, en la que -una vez más, y van...-, incide que "no se puede convalidar una sentencia anulatoria con una nueva licencia, al amparo de un nuevo Plan General". Al respecto, las SSTS de 10 de diciembre de 2003 y 4 de mayo de 2004, se expresaron en los siguientes términos: [Conviene recordar que el artículo 103.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dispone que "serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento", añadiendo el mismo precepto, en su número 5, que "el órgano jurisdiccional a quien corresponda la ejecución de la sentencia declarará, a instancia de parte, la nulidad de los actos y disposiciones a que se refiere el apartado anterior, por los trámites previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 109, salvo que careciese de competencia para ello, conforme a lo dispuesto en esta Ley".
Consecuentemente con lo anteriormente explicitado, ya en el ámbito material, es que, si bien la Administración sigue disponiendo de sus facultades de ordenación urbanística y, por tanto, de modificación de las determinaciones aplicables, debe, si ello incide sobre actuaciones ya declaradas ilegales en sentencia firme, demostrar que la modificción no tiene la finalidad de convertir lo ilegal en legal, sino la de atender racionalmente al interés público urbanístico... Que en el caso del Ayuntamiento de Vigo, es bien palpable su motivo. ¡¡Se han cansado de pregonarlo a todos los vientos!!.
¿Cuál es el motivo de no aplicar la misma vara de medir, tanto a los "poderosos", como a los "débiles"?. ¿Acaso las leyes se han promulgado, con distinto resultado final, según sea a quien haya que aplicársela?.
Desde luego la Constitución no dice eso, puesto que "todos somos iguales ante la Ley"... Eso dice, pero es evidente que no se cumple, cuando hay intereses por medio... Habría que descubrir que intereses, son esos.
Habrá que esperar las reacciones de la Alcaldía -no faltaría más-, posiblemente inventándose nuevas "promesas" a los ocupantes de esas edificaciones... para ir ganando tiempo.
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